El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima junto con los sindicatos y los colectivos de empleadas del hogar y ayuda a domicilio una normativa que obligará a las familias a hacer una autoevaluación de los riesgos laborales a los que se exponen estas trabajadoras, en su mayoría mujeres, en sus labores diarias.
Las familias con trabajadoras del hogar o de ayuda a domicilio contarán con «guías clarísimas» para evaluar los riesgos laborales que puedan existir en sus casas y con los que se encuentren sus empleadas, que también colaborarán ad-hoc en la detección de los peligros en el desempeño de sus funciones.
Estos colectivos quedaban fuera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.